Los funcionarios destacaron que ese proyecto para la explotación minera contribuirá a dinamizar económicamente la provincia, principalmente en término de generación de empleos, crecimiento de las actividades comerciales y desarrollo sostenido.

Pichardo calificó como saludable la explotación minera y agregó que “nosotros la saludamos porque desde ya se está produciendo cierta dinamización económica, aunque nos unimos a los diferentes sectores que solicitan que debe estar acompañada de los controles necesarios que contribuyan a preservar el pasivo medioambiental de nuestra provincia”.

En términos similares se expresaron Francisco José García, vicepresidente de la Cámara de Comercio y Producción, y Roberto Lazala Calderón, dirigente clubístico, quienes ponderaron la inversión que se realiza en la zona y aseguraron que ya ha comenzado a observarse esa dinamización en las actividades económicas, principalmente en el municipio cabecera.

Por su parte, el síndico del municipio cabecera, Bienvenido Lázala, destacó que la exploración minera traerá importantes aportes al desarrollo no sólo de Sánchez Ramírez, sino de toda la región Noroeste.

“Lo que sí recomendamos que se tomen las medidas correspondientes para proteger el medio ambiente, estableciendo mecanismos que eviten que el agua proveniente de las lluvias arrastren el sulfuro hasta los ríos “, añadió Lazala.

Para el manejo adecuado de esos residuos y la preservación del activo medioambiental de la zona, el contrato con la minera Barrick Gold establece la inversión de 375 millones de dólares para el saneamiento ambiental de su área de desarrollo, mientras que otros 70 millones, de los que la minera aportará el 50%, serán invertidos en la recuperación y saneamiento de las zonas aledañas a la mina y que está bajo la responsabilidad del Gobierno dominicano.

Lazala consideró que la minera y las autoridades oficiales deberían informar a la población de Cotuí los detalles de la alta tecnología que se utilizará en la extracción de los minerales y la garantía que ofrecen para la preservación del medio ambiente.

Respecto al uso de tecnologías modernas, José García estimó que si se implementan ese mecanismo, se garantizará la salud de los residentes en distintas poblaciones ubicadas en la parte baja de la mina de Pueblo Viejo, y además sería de mucho beneficio en términos económicos ya que esta explotación minera generará mucho empleo.

“Lo primero es que reviste importancia para la provincia Sánchez Ramírez, siempre que se tomen las medidas de lugar para que la contaminación ambiental pueda recogerse, porque nosotros tenemos en la loma de Pueblo Viejo una mina a cielo abierto donde está el sulfuro y si no hay una empresa, como en este caso la Barrick Gold, que se ocupe del saneamiento ambiental, nosotros, los cotuisanos, vamos a desaparecer a causa de esa contaminación”, comentó García, quien representa a los empresarios de la región.

Como parte de su representatividad a nivel comunitario, Roberto Lazala consideró que siempre que se garantice la preservación del medio ambiente en Pueblo Viejo y las comunidades cercanas, se debe respaldar la ejecución del contrato entre la Barrick Gold y el Estado para la extracción del oro contenido en los yacimientos de sulfuro existentes en la zona.

Otros representantes de diversos sectores, como el presidente de la Rosario Dominicana, el de la Asociación de Industriales de Herrera, el director general de Minería y de agrupaciones empresariales, se han pronunciado a favor de esa explotación minera y han destacado los beneficios que, en términos económicos, generarán para los habitantes de la provincia Sánchez Ramírez y para el país.

En el proyecto minero de Pueblo Viejo laboran actualmente tres mil empleados y próximamente serán contratados otros 500, lo que contribuirá a un incremento de la demanda de bienes y servicios, a dinamizar el comercio y elevar los niveles de vida de las comunidades.

Se destaca además, que la provincia Sánchez Ramírez recibirá el 5 por ciento de los beneficios del proyecto tal y como lo establece la Ley de Medio Ambiente, a la vez que el Estado Dominicano puede autorizar a la empresa entregar directamente a las comunidades los recursos que le corresponden.